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Los jueces deberán detectar de oficio las cláusulas abusivas de la Banca, aunque todavía es necesaria una buena estrategia legal

08 oct Posted by in Blog | Comments

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha priorizado la protección del consumidor de servicios bancarios, lo que no hacía el propio sistema judicial español. Con la Sentencia del 14 de marzo de 2013 se le impone al Juez español la obligación de revisar de oficio los contratos que esté juzgando celebrados entre una entidad bancaria y un consumidor persona física.

No obstante, la norma española podría no haber adaptado correctamente la sentencia mencionada. De hecho, un juez de Sevilla ha elevado esta cuestión al Tribunal. Esto hace necesario revisar las demandas y elaborar correctas estrategias jurídicas para conseguir que, tras los procedimientos judiciales, finalmente se eliminen las cláusulas abusivas.

De acuerdo con las Sentencia del Tribunal, ya no es el consumidor el que debe focalizar todos sus esfuerzos personales y económicos en la lucha por la protección de su vivienda habitual, su patrimonio o simplemente su dinero. Así, es el Juez el encargado de determinar si el Banco ha actuado con total diligencia en la contratación del servicio bancario.

De un tiempo a esta parte, sobre todo durante la crisis, se han detectado un creciente número de contratos que ponen de manifiesto en ocasiones la negligencia o la mala praxis en las actuaciones de las entidades bancarias. En ocasiones, dicha negligencia se traduce en abuso como la imposición unilateral por parte de la entidad financiera, en los contratos celebrados con consumidores, de cláusulas totalmente desproporcionadas respecto de las condiciones normales del mercado. Por ejemplo, la fijación de intereses en préstamos que superan hasta en cinco veces el interés legal del dinero vigente en la firma del contrato.

Pues bien, dicha abusividad, que ahora debe de ser detectada de oficio por el Juez sin necesidad de alegación ninguna por parte del consumidor, puede acarrear múltiples e importantes consecuencias tanto legales como económicas.

Por exponer un caso: el Banco le concede al consumidor un préstamo mediante un contrato de tarjeta de crédito. El contrato se firma en el 2009 en cuyo momento el interés legal del dinero estaba a una TAE del 4%. El contrato impone unos intereses remuneratorios a una TAE del 28%. Con estas condiciones, ya habituales en los juzgados españoles, el Juez debe detectar de oficio la gran desproporción existente entre los intereses legales y los impuestos por el Banco y decretar la abusividad o nulidad de los mismos según proceda. En este caso en concreto, la abusividad reside en los propios intereses remuneratorio del préstamo, que son causa principal del contrato, por lo que correspondería decretar la nulidad del mismo por considerarlo usurero y restituir a cada parte a la situación que tenían antes de la firma del contrato, es decir, hacer una nueva liquidación de lo prestado y lo debido, o bien que el consumidor devuelva al Banco exclusivamente lo que le reste por pagar o, en caso de que haya pagado de más, situación también común con la fijación de semejantes intereses, que sea el propio Banco el que le devuelva lo que ha recibido de más.

No obstante lo anterior, desde diversas instancias se está detectando la deficiente aplicación de la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Así, un juzgado de Sevilla ha elevado de nuevo ante dicho tribunal la cuestión sobre la correcta adaptación de nuestra ley a la sentencia mencionada en este comentario.

Teniendo en cuenta ésto último, recomendamos elaborar una estrategia jurídica en la presentación de las demandas acorde con la realidad que todavía hay hoy en día de modo que se consiga, después de procedimiento judicial, la eliminación de todas las cláusulas abusivas.

 


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